TEMA: LEGITIMACIÓN POR ACTIVA- La DIAN no tiene legitimación por activa para iniciar el IRI cuando ha hecho uso del privilegio exorbitante a través del cobro coactivo. /

TEMA: NULIDAD DE LA IMPUTACIÓN- En este caso, la nulidad no es el único remedio a la presunta actuación errónea de la Fiscalía, ya que, las imprecisiones que se presenten en los hechos jurídicamente relevantes que fueron comunicados en audiencia de formulación de imputación deben permitirse su aclaración, corrección o adición en el escrito de acusación o en el acto de formulación de acusación siempre que no se altere el núcleo fáctico y esencial de los hechos./

TEMA: NULIDAD POR TEMA DE CONGRUENCIA-Si en las audiencias de formulación de imputación y de acusación, el fiscal no define de manera clara, completa y suficiente los hechos jurídicamente relevantes, se vulnera de manera flagrante el debido proceso – congruencia y defensa-, y el único remedio posible es la nulidad de la actuación. VALORACIÓN PROBATORIA- Las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado más allá de cualquier duda razonable. Se argumentó que la teoría acusatoria sobrevivió el enfoque crítico y que las hipótesis alternativas propuestas por la defensa no eran verdaderamente plausibles.

TEMA: DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS- El artículo 11 de la Ley 906 de 2004, establece los derechos de las víctimas, incluyendo el derecho a ser asistidas por un intérprete si no pueden percibir el idioma por los órganos de los sentidos. COMPETENCIA PARA DESIGNAR INTÉRPRETES- Según el Acuerdo PSAA15-10448 de 2015 y la Circular DESAJMEC23-46 de 2023, la responsabilidad de designar intérpretes recae en el juez de conocimiento, en este caso, el Juzgado 001 Penal del Circuito de La Ceja. PERJUICIO IRREMEDIABLE- Se identifica la existencia de un perjuicio irremediable debido a la ausencia de un intérprete de señas, lo que afecta gravemente los derechos de la víctima en el proceso penal.

TEMA: SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA- La pena impuesta es la que la ley establece para esta clase de conductas, pero la aplicación estricta de la ley puede ser contraria a los principios y valores constitucionales. La privación de la libertad en este caso es desproporcionada y contraria a la dignidad humana.