TEMA: RENUNCIA INDUCIDA. Salario con base en el cual debe liquidarse el valor de las condenas. La Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia ha expresado en múltiples oportunidades, cuál es el valor probatorio de las certificaciones laborales expedidas por las empleadoras, o de uno de sus representantes, resaltando que deben reputarse como ciertas y tomarse como un medio de convicción proveniente de ellas, a menos que la empleadora demandada acredite contundentemente que lo registrado en esas constancias no se aviene a la verdad. No basta con que se advierta que eventualmente se emitió el documento para facilitar el acceso del demandante a algún préstamo, debió acreditarse con documental que desvirtuara el salario de $6.500.000 y diera cuenta de una menor, que para el momento de terminación del contrato, el demandante devengaba una suma inferior por concepto de salario, o que fue inferior durante algunos de los meses adeudados y sobre los cuales se impuso condena. Pago de la sanción moratoria del artículo 1 del Decreto 797 de 1959. Esta sanción no opera automáticamente, tal y como sostiene la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencias como SL 1903 de 2021, en que reitera lo dicho en las SL825 de 2020 y SL18619-2016, en la cual dijo que se paga por el mero hecho del no pago, el pago tardío o incompleto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, sino que es menester que en cada caso el juez laboral, desde las pruebas regularmente aportadas, examine la conducta del empleador público para establecer si su condición de deudor moroso respecto de quien otrora trabajó a su servicio, tiene una explicación atendible, hipótesis en la que no le serían imponibles los drásticos efectos de esa norma, pues no estaría acreditada la mala fe que ella castiga. La conducta de quienes conforman la pasiva no estuvo revestida de mala fe, ni tiene cabida consecuente la indemnización por despido indirecto, pues quien demanda fue gerente la demandada, durante el periodo en que adujo incumplimiento del empleador, cuando en su condición de gerente era el primer obligado a cumplir cargas laborales básicas respecto de sí mismo en calidad de trabajador, tales como el pago de su salario y aportes ante el Sistema Pensional, y no adujo engaño o presión alguna de quien ostentara en la empresa un cargo superior, o imposibilidad de cumplirlas y bajo esas premisas no puede beneficiarse de su propia incuria.

PONENTE: DRA. MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

FECHA: 19/11/2021

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA

TEMA: PODER. Cumplimiento de los requisitos de Ley. La exigencia inicial era allegar el poder porque o se había acompañó con la demanda a pesar de ser un anexo esencial; el hecho de requerir a la parte para que suministrara prueba de Apoderado implica que reúna las exigencias del artículo 74 del CGP. De la redacción del requisito no se colige que se haya pedido sólo la constancia de remisión desde el correo electrónico de la demandante, sino que antes del punto seguido el Juzgado instó a la interesada para que aportara el poder, haciendo a continuación una prevención sobre un requisito adicional que se impuso con la vigencia del artículo 5 del Decreto 806 de 2020. La demandante debía adjuntarlo con el cumplimiento de todos los requisitos legales en los que se encuentran la enunciación y determinación sobre los asuntos para los que se está delegando la representación a un profesional del derecho y con ello garantizar el derecho de postulación. Tratándose de un proceso verbal de responsabilidad civil lo propio era apoderar al profesional del derecho para ese acto específico, sin que las pretensiones en este caso se asimilen al objeto de una conciliación extrajudicial en derecho.

PONENTE: DR. RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ

FECHA: 18/11/2021

TIPO DE PROVIDENCIA: AUTO

TEMA: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO. Presupuestos. Tiempo. A la fecha de presentación de la demanda el tiempo para prescribir debe estar consolidado, no se puede pretender que el lapso que dure el trámite debe sumarse al tiempo de posesión. Los nuevos hechos presentados durante la impugnación, no pueden ser tenidos en cuenta para fallar, pues vulneraría el derecho de defensa de la contraparte al no contar con la oportunidad procesal para controvertirlos, además, de no permitirle al juez realizar el respectivo estudio de fondo.

PONENTE: DRA. MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA

FECHA: 22/11/2021

TEMA: TÍTULO VALOR. La exigencia del título valor físico en el marco de la pandemia y el Decreto 806 de 2020. Sobre la admisibilidad del título presentado digitalmente, en aplicación del inciso 2º del artículo 2º del Decreto 806 de 2020 y del artículo 78 No. 12 del C. General del proceso. Se evidencia, de acuerdo a las normas que el aludido Decreto implementó un cambio transcendental, para el trámite de procesos judiciales, pues habilitó la posibilidad de presentar la demanda en formato 100% digital, mediante mensajes de datos o archivos que contuvieran la demanda, pruebas y demás anexos; aunque ello ya había comenzado a imponerse, tal y como lo prescribe el artículo 89 del C. General del Proceso, cuando advierte sobre la obligación de acompañar copia de la demanda y sus anexos en mensaje de datos. En ese sentido, no puede restringirse por parte de la Justicia, la utilización por los sujetos procesales de los medios tecnológicos necesarios y pertinentes, al momento de realizar determinada actuación judicial, pues precisamente, facilitar el acceso de los usuarios a la administración de justicia, es una finalidad constitucional y legal. Como lo establece la Ley, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora; según el artículo 619 del Código de Comercio, pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición o representativo de mercancías, por consiguiente, la garantía de validez radica en su originalidad. Igualmente es lo cierto que el ejercicio de los derechos contenidos en dichos títulos valores requieren de la exhibición del título, principio que sin embargo no es óbice para que ahora, en medio de la pandemia y en vigencia del Decreto 806 de 2020, tales títulos puedan ser aducidos o exhibidos digitalmente, electrónicamente, pues así lo autoriza y manda el mencionado decreto, sin salvedad alguna. El asunto discutido hace relación a una “prueba” más del proceso, y esta puede bien presentarse en formato pdf, quedando el titulo físico en poder y custodia del demandante, a disposición del Despacho judicial. En esos términos es suficiente un ejemplar electrónico en aplicación del inciso 2º del artículo 2º del Decreto 806 de 2020 y del artículo 78 No. 12 del C. General del proceso. Solamente en el evento en que se discuta su validez, su autenticidad o falsedad en su contenido, tendría que acudirse a las reglas para la exhibición de documentos, u otras, donde el juez podría incluso permitirle al interesado el análisis del documento físico para definir su defensa.

PONENTE: DR. CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

FECHA: 18/11/2021

TIPO DE PROVIDENCIA: AUTO

TEMA: DECLARACIÓN DE PARTE. Novedad introducida por el Código General del Proceso. Es claro que el interés en la causa, hoy en día, en vez de mirarse como un motivo de rechazo o de inadmisibilidad del medio, porque nada tiene de ilícito, ni mucho menos de ilegal, en tanto no hay norma que lo prohíba, y si muchas que le dan vida y vigencia, debe simplemente considerarse como uno de los elementos a tener en cuenta en la apreciación racional de la prueba. En lo que respecta a la negativa del juez de instancia de la declaración de la coparte, precisa el Tribunal que el derogado artículo 203 del Código de Procedimiento Civil tenía una postura tradicional frente a la declaración de parte, que consagraba que cada parte podía citar a la otra a interrogatorio, a efectos de lograr exclusivamente su confesión; postura que implicaba entender igualmente que aquellas manifestaciones que no fueran confesión no debían ser tenidas en cuenta por el juez, pues ya las partes habían fijado su posición en los correspondientes actos introductorios. con la introducción del Código General del Proceso, en su canon 191 inciso final, se estableció que “La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”, y es partir de esta disposición que se ha concluido que el actual Código General del Proceso, efectivamente consagró la declaración de parte como medio probatorio autónomo. En tal sentido, actualmente, todas aquellas manifestaciones de la parte, que no sean confesión, deberán ser tenidas en cuenta por el juez a la hora de adoptar la decisión final. Dado que la declaración de parte se diferencia de la confesión, en que aquella no implica reconocer hechos que favorezcan a la contraparte o perjudiquen al declarante, debe concluirse que tal medio de prueba debe valorarse como un relato sobre las circunstancias atinentes a la situación problemática que se busca resolver con el proceso. En tal sentido, este medio guarda gran similitud con el testimonio, y así debería ser analizado, en cuanto a la coherencia, precisión y claridad de lo narrado.

PONENTE: DR. JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

FECHA: 19/11/2021

TIPO DE PROVIDENCIA: AUTO

TEMA: RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO RECÍPROCO: Mutuo disenso tácito. Resolución de contrato. Reconocimiento de perjuicios. Cuando no es claro en la demanda si se pide el mutuo disenso tácito o la resolución de contrato, el juez puede de oficio determinar cual figura aplicar en congruencia a lo enunciado en los hechos. Si la situación contractual no se enmarca en ninguna de esas figuras, y ante la necesidad de no dejar en el limbo jurídico a las partes, la Corte Suprema de Justicia permite la aplicación de la figura de RESOLUCIÓN POR MUTUO INCUMPLIMIENTO, en la que se comprueba que en algún punto se tuvo la voluntad de cumplir el contrato, más no se logró. En esta figura no aplica el reconocimiento de perjuicios.

MAGISTRADO PONENTE: MARTHA CECILIA LEMA VILLADA

PROVIDENCIA: SENTENCIA

FECHA: 17/11/2021