TEMA: PERTENENCIA VS RESOLUCION DE CONTRATO. En el caso sometido a consideración de la Sala, de acuerdo con los puntos de disenso, es necesario advertir que el actor no puede ser tenido como poseedor del bien, pues la vinculación con los predios objeto de la pretensión se dio por un contrato de promesa de compraventa, excepcionalmente se le podría dar esta calidad si probare la intervención del título. En punto al tema, la Corte Suprema de Justicia en sentencia estimó que: “Es cierto, conforme a la jurisprudencia, la acción de dominio se frustra cuando la parte demandada tiene la posesión, por habérsela entregado la parte demandante en cumplimiento de una determinada relación negocial; pero, se precisa, en el respectivo contrato ha de estar suficientemente claro, afirmado contundentemente, que la entrega es de la posesión sobre la cosa.” Deviene de lo anterior, que al derivar el actor su posesión del contrato, debía pactarse en el mismo de forma expresa que se daba la entrega con la posesión material de los bienes, pues de lo contrario éste sólo detentaba los mismos como tenedor y solo podía ejercer en contra del vendedor las acciones derivadas del acuerdo contractual. Tratándose de una promesa de contrato es necesario examinar lo acordado con el fin de verificar si están presentes todas las exigencias legales, señaladas en el artículo 89 de la Ley 153 de 1.887, que indica con relación a estos convenios que la promesa de celebrar un contrato no genera obligación alguna, salvo que concurran los requisitos esenciales para su validez. Sobre el particular, con la demanda de reconvención se aportó contrato de promesa de compraventa, que conforme a lo allí pactado se puede denominar permuta, en donde se advierte que el mismo no contiene uno de los requisitos antes establecidos; esto es, que en la promesa se establezca un plazo o una condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato prometido; pues dentro de sus clausulados nunca se indicó la fecha, la hora y la notaría en la que se perfeccionaría el contrato prometido, pues entre las partes nunca se realizó un otrosí al documento en donde se establecieran finalmente las condiciones en las que se realizaría la transferencia del dominio. El no pago del precio no constituye uno de los requisitos de validez del contrato, y el incumplimiento de dicha obligación da lugar a otra acción contractual, en donde se discutiría si se dio o no el pago del precio acordado.

PONENTE: DR. JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

FECHA: 28/07/2020

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA

TEMA: EXISTENCIA DE UNA AGENCIA COMERCIAL. Requisitos. Debe advertir la Sala, que el ejercicio de acciones derivadas de un contrato –como es el caso que nos ocupa- exige la demostración de la existencia y validez del mismo. La Alta Corporación se dijo respecto al tema: “En razón de las necesidades crecientes surgidas del auge de la vida comercial, se hizo necesario que por el Derecho se regulen las actividades de intermediación, las cuales han dado origen a nuevas modalidades contractuales, cual acontece con la preposición, la comisión, el corretaje y la agencia comercial,…” (sentencia de 27 de marzo de 2012, exp. 2006-00535). El artículo 1317 del Código de Comercio concibe el contrato de agencia comercial como aquel en que “un comerciante asume, en forma independiente y de manera estable, el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo”. De los anteriores condicionamientos cobra relevancia el que la actuación del agente es por cuenta ajena, en vista de que el impacto del éxito o fracaso de la encomienda se patentiza primordialmente en los estados financieros del agenciado, mientras que por sus labores de conexión aquel recibe una remuneración preestablecida. Existiendo una clara regulación del contrato de agencia en los artículos 1317 al 1331 del Código de Comercio, cuando se pide su declaración o la prevalencia frente a cualquier otro nexo presunto, es imprescindible que confluyan todos los presupuestos necesarios para su conformación, pues, de faltar uno solo no tiene cabida acceder a tales reclamos, por corresponder a otro tipo de relación. Al respecto la Corte precisó que “no obstante la autonomía de que goza la agencia, la característica mercantil intermediadora, lo hace afín con otros contratos, con los cuales puede concurrir, pero sin confundirse con ninguno de ellos, ya que tiene calidades específicas que, por lo mismo, lo hacen diferente, razón por la cual, su demostración tendrá que ser inequívoca. (…)” En este caso que el contrato fue verbal, ello supone una carga mucho más amplia, en tanto se debe demostrar con el material probatorio allegado, las condiciones específicas que rodearon tal acuerdo de voluntades, en tanto es la única manera de establecer cuáles fueron las obligaciones e incumplimientos que pudieron darse. Concluyendo, se tiene que no se encuentran configurados los elementos de la agencia comercial, porque como bien se anotó al principio, cuando se pide su declaración o la prevalencia frente a cualquier otro nexo presunto, es imprescindible que confluyan todos los presupuestos necesarios para su conformación, pues, de faltar uno solo no tiene cabida acceder a tales reclamos, por corresponder a otro tipo de relación.

 PONENTE: DR. JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

FECHA: 25/11/2020

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA

TEMA: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Defecto procedimental absoluto con ocasión de decisiones que vincularon de oficio a las demandantes a la acción de grupo materia de tutela y se decretó el embargo de sus cuentas bancarias. Los requisitos específicos son los errores en la decisión judicial que obligan al juez de tutela a intervenir y uno de ellos es el procedimental absoluto cuando se desconoce completamente el trámite establecido. La Sentencia T-455 de 2019 la Corte indico en qué casos procede dicho defecto. El juez de tutela no puede interferir o reemplazar la función de administrar justicia en casos concretos sometidos al juez natural, y, por tanto, solamente cuando en la función de administrar justicia el fallador del caso incurre en un defecto específico entonces se abre paso la procedencia del amparo.  En el caso concreto el trámite surtido dentro de la acción de grupo con posterioridad a la demanda de tutela evidencia que la solución de los recursos se ha dilatado por una decisión equivocada de la autoridad judicial demandada.  La demanda se funda en presuntas irregularidades procesales con trascendencia porque de ella depende la competencia y continuidad en el conocimiento de la acción de grupo, así como la firmeza y consumación de las medidas cautelares decretadas en su contra. Al haber omitido el condicionamiento establecido en la norma para el decreto excepcional de la medida cautelar, es evidente que se desconoció el ordenamiento procesal. En el caso bajo examen, el auto a través del cual se decretó la medida cautelar respecto de las demandantes no contiene ninguna valoración, no expone razones ni evidencia motivación o ponderación para establecer la procedencia excepcional de la medida y sus alcances; análisis que, solamente aparece en el auto a través del cual la autoridad decide declarar su falta de competencia para continuar conociendo del asunto sin decidir los recursos interpuestos; de tal forma que también se desconoció la norma referida. También evidencia la preterición de una etapa procesal que debió agotarse, pues la providencia que dispuso la vinculación de las entidades accionantes no estaba en firme y por tanto no podía servir de fundamento para concluir con base en ella que el despacho había perdido la competencia en la causa, pues para ello faltaba decidir los recursos de reposición interpuestos en contra de la medida cautelar.

PONENTE: DR. SERGIO RAUL CARDOSO GONZÁLEZ

FECHA: 19/08/21

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA DE TUTELA

TEMA: PERTENENCIA. Elementos axiológicos requeridos. Para la adquisición por prescripción de un bien se deben aunar los elementos axiológicos, pues en caso de que no se cumpla con alguno de ellos se deben desestimar las pretensiones. Desde la demanda el inmueble pretendido debe estar cabalmente individualizado, ya que la falta de individualización del inmueble deja en entredicho la posesión. La deficiente individualización no solo compromete la sentencia, sino además su inscripción en el registro de instrumentos públicos. 

PONENTE: DR. LUIS ENRIQUE GIL MARÍN

FECHA: 09/08/2021

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA

TEMA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Ejercicio de actividades peligrosas. Ante la concurrencia de actividades peligrosas, corresponde al demandado demostrar la ruptura de nexo causal acreditando la existencia de una causa extraña; no obstante si la responsabilidad es compartida, se deberá de analizar la incidencia de la conducta de cada uno los sujetos para efectos de fijar la indemnización. Las normas exigen que el motociclista respete las señales de tránsito, y les prohíbe desplazarse por la berma y con exceso de velocidad, infracciones en las que incurrió la víctima directa, según quedó dilucidado en el plenario, concluyéndose parcialmente que fue el conductor de la motocicleta quien de forma imprudente se expuso al daño, y con su actuar contribuyó a la ocurrencia del accidente. Pese a encontrarse verificada la incidencia de la conducta de la víctima en el suceso, de las argumentaciones esbozadas por el Inspector de Tránsito, emerge un acontecer fáctico que lo exoneró al conductor del vehículo en materia contravencional, pero no se predica lo mismo de cara a la responsabilidad civil, ya que sobre el demandado pesa la ya aludida presunción de culpa, donde para desvanecerla implicaba probar no sólo la conducta de la víctima, sino también que esa intervención del motociclista constituyó un elemento que excluyó por completo la incidencia de la actividad peligrosa en el resultado final. Considerando la concausa del accidente, particularmente la entidad violatoria de las disposiciones de tránsito, la concurrencia se presenta en un 70% de incidencia por parte del motociclista, y 30% como contribución del conductor del campero, ya que aquel fue quien con su conducta imprudente en mayor medida aportó a la ocurrencia del siniestro, aunque ello no alcanza a eximir totalmente de responsabilidad al último, quien también contribuyó pero en menor proporción, de ahí la aplicación porcentual referida, con lo que se tiene por próspera la excepción denominada “DISMINUCIÓN DE DAÑO POR PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA VÍCTIMA EN EL MISMO”. Sobre los perjuicios inmateriales, se ha indicado que su existencia quedó establecida, donde de cara a su cuantificación se hace uso del “arbitrio juris”, que se trata de una potestad especial que supone, de una parte, la prueba del daño moral, que, cuando proviene del daño material a la corporeidad humana, va ínsito en este último, y, de la otra, la aplicación supletoria de las reglas directas de la equidad con fundamento en las características propias del daño, repercusiones intrínsecas, posibilidad de satisfacciones indirectas, etc.” (Sala Civil, Sentencia de 5 de marzo de 1993).

PONENTE: DR. JOSÉ ÓMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

FECHA: 22/07/21

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA