TEMA: PENSIÓN DE INVALIDEZ. - La Sala decide que se causó la pensión de invalidez, pero no procede pagar mesadas retroactivas por su incompatibilidad con los subsidios por incapacidad temporal. También reconoce la sustitución pensional, al considerar acreditada la dependencia económica y descartar la existencia de otra persona con mejor derecho, y ordenó pagar el retroactivo y los intereses moratorios.
HECHOS: La señora MTS es la madre de la señora LEGT, quien se encontraba afiliada a XXX, alcanzando a cotizar 1.162 semanas en toda su vida laboral. La señora LEGT sufría de “un carcinoma metastásico a hueso, que la llevó a estar en periodo extenso de incapacidad, además de impedirle realizar cualquier actividad física, laboral o doméstica”. Durante la enfermedad de LEGT, la señora MTS como madre, fue quien velaba por los cuidados de su hija, sosteniéndose económicamente del subsidio de incapacidad, con lo que solventaba todos sus gastos, como lo era la alimentación, el vestuario, la recreación, la vivienda, entre otros. La señora LEGT falleció el 21 de julio de 2020. El 30 de julio de 2020 XXX notificó el dictamen de pérdida de capacidad laboral postmorten de la señora LEGT, en la que determinó una PCL del 59.50%, con fecha de estructuración del 16 de enero de 2019. La señora LEGT procreó una hija de nombre EGG, quien era mayor de edad y se encontraba laborando para la fecha de fallecimiento de su madre. El 15 de octubre de 2021 la señora MTS solicitó la pensión de sobrevivientes ante XXXX, pero le fue negada a través de resolución del 30 de noviembre de 2021. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín declaró que la señora LEGT dejó causada la pensión de invalidez a partir del 16 de enero de 2019. Declaró que la señora MTS es beneficiaria de la sustitución pensional que dejará causada su hija LEGT. El Conflicto Jurídico radica en verificar (i) ¿Si dejó causada la pensión de invalidez la señora LEGT? En caso positivo, (ii) ¿Si hay lugar a reconocer el retroactivo pensional pretenso desde el 16 de enero de 2019 hasta el 20 de julio de 2020? (iii) ¿Si MTS, en calidad de progenitora de LEGT reúnen los requisitos legales para ser derechohabiente de la pensión de sobrevivientes? Y, por contera, (iv) ¿Si proceden los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y desde qué fecha?
TÉSIS: La Sala revocará parcialmente, modificará y confirmará la decisión impugnada por las razones que pasan a exponerse: (…) La discusión esencial se presenta en derredor al tema de la causación y disfrute de la pensión de invalidez, para cuya solución debe empezarse a decir que la regla general es que la pensión de invalidez se entra a disfrutar desde la fecha de estructuración de la invalidez, y cuando existan incapacidades con posterioridad a la estructuración de aquella, el disfrute será desde el término dela última incapacidad, por cuanto se sobrentiende que desde esa calenda entra el sistema de seguridad social a cubrir la contingencia, o dicho de otra manera, dado que a partir de allí el afiliado cotizante deja de percibir un ingreso económico para su subsistencia y entra a percibir el mismo con el monto de la mesada pensional que recibe por pensión de invalidez. (…) Así las cosas, el juez de instancia consideró en el presente asunto que la pensión de invalidez debía reconocerse desde la fecha de estructuración, esto es, desde el 16 de enero de 2019, sin ninguna consideración respecto de las incapacidades que reportaba la señora LEGT. En ese orden, en estricto seguimiento de las prédicas jurisprudenciales antes aludidas, debe señalarse que la decisión de la juez de instancia no se acompasa con el criterio jurisprudencial vigente, pues conforme a la historia laboral de cotizaciones emitida por XXX, la señora LEGT registra aportes pensionales como dependiente del empleador Manufacturas XXX SAS de manera continua, por lo menos del 16 de enero de 2019 (fecha de estructuración de la invalidez) hasta el 20 de julio de 2020, es decir, hizo aportes al sistema general de pensiones, y por lo tanto, no aplicaría la segunda excepción esgrimida por el precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia, dado que solamente hay lugar a reconocer la pensión desde la fecha de estructuración con el descuento de los pagos por incapacidad, “sí y solo sí en ese interregno el afiliado no aportó al subsistema pensional”, y como se detalla, la causante en los interregnos de tiempo en los que le fueron otorgadas las incapacidades, se encontraba cotizando a través de su empleador al subsistema pensional, de allí que, para el disfrute pensional debía optarse por ordenarlo a partir de la última incapacidad, siendo que, en el caso concreto de la señora LEGT por su complejo diagnóstico venía incapacitada desde el año 2016 hasta cuando lamentablemente falleció, esto es, 20 de julio de 2020. En consecuencia, siguiendo los lineamientos legales y jurisprudenciales atrás aludidos, la señora LEGT no alcanzó a disfrutar en vida de la pensión de invalidez, ni tampoco genera un retroactivo en favor de la masa sucesoral como equivocadamente lo fulminó el juez de instancia. (…) Igualmente, no puede pasar de soslayo que la señorita EGG, hija de la causante, manifestó en el interrogatorio absuelto en el decurso del proceso que su mamá “trabajaba” pero “estaba incapacitada en ese momento”, y que “la empresa donde ella trabajaba le pagaba el 100% de la incapacidad”. Así las cosas, dada la incompatibilidad presentada entre el disfrute de la pensión de invalidez con el subsidio o auxilio por incapacidad temporal, es por lo que, en el caso de marras no hay lugar a ordenar el pago de mesadas pensionales por concepto de pensión de invalidez, en la medida en que, el fallecimiento de la señora LEG fue concomitante con el periodo en la cual se encontraba incapacitada. (…) Derecho reclamado por MTS. (…) Prueba de la dependencia económica de los padres: Así, con miras a buscar una adecuada solución al escollo que plantea el asunto litigioso, debe comenzar por precisar la Sala que, en el presente asunto tal requisito se encontraba debidamente acreditado en sede administrativa, tal y como se desprende del “INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN” realizado por XXX a través de XXX LTDA, en la que se hizo labor de campo frente a la solicitud que elevó la señora MTS, y en la que se dejó consignado: “De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se logró confirmar que la señora MTS dependía económicamente de manera parcial de su hija LEGT, teniendo en cuenta que es pensionada con una mesada equivalente a un salario mínimo, pero no es ingreso suficiente para suplir sus gastos y obtener una buena calidad de vida. Por tal razón la causante ayudaba con los gastos del hogar y manutención a la solicitante; situación que se dio hasta el 21 de julio del año 2020 fecha de fallecimiento de la causante. (…) Ahora, volviendo al tema de la dependencia económica de la señora MT frente a su hija LEG, obra en el cartapacio la resolución No XXX del 10 de mayo de 2007 en la que se acredita que la actora recibe una sustitución pensional por el fallecimiento de su consorte, quien era pensionado del ISS, hoy COLPENSIONES, prestación que es equivalente a UN SMLMV, y que, haciendo eco de la jurisprudencia reseñada de antes: “La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional”. Lo que significa que, tal aspecto no descarta la dependencia económica de la señora MT frente a su hija, además, ese aspecto también fue de conocimiento de la entidad de seguridad social en la investigación administrativa y no fue objeto de disenso que diera lugar a descartar la dependencia económica frente a la causante; por el contrario, concluyó la investigación que “no es ingreso suficiente para suplir sus gastos y obtener una buena calidad de vida”. (...) Del mismo modo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha ido más allá y reconocido la procedencia de los intereses moratorios aun en tratándose de reajustes o reliquidaciones, en consideración a que “una interpretación racional y sistemática del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 obliga a la Corte a reconocer que los intereses moratorios allí concebidos se hacen efectivos en el caso de un pago deficitario de la obligación”. Frente a su causación, ha establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que se causan a partir del vencimiento del plazo máximo de 2 meses a que se refiere el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, y que por vía de excepción no hay lugar a intereses moratorios, en los siguientes eventos: “(i)cuando la administradora de pensiones niega el derecho con respaldo en una norma vigente que la autoriza para ello y que con ocasión de una decisión jurisprudencial luego es inaplicada o interpretada de un modo que la entidad no podía razonablemente prever; (ii) cuando la entidad define el derecho con base en una línea jurisprudencial que posteriormente es abandonada, o (iii) cuando existe un conflicto entre potenciales beneficiarios”. Asimismo, la Sala ha precisado que no hay lugar a condenar a los intereses moratorios en aquellos eventos en que la negativa de las entidades para reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentre plena justificación, bien sea porque: i) tenga el respaldo normativo que en un comienzo regulara la situación; y ii) su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin que puedan prever los alcances o efectos que en un momento dado pueda darle los jueces en la función que le es propia de interpretar las normas sociales. (…) Descendiendo al caso objeto de estudio, ninguna de las excepciones antes enunciadas se configura, dado que sin fundamento alguno procedió XXX a negar la pensión solicitada, bajo el argumento de existir una eventual controversia entre beneficiarias, aun cuando la potencial beneficiaria expresamente le puso en conocimiento a la entidad de seguridad social a través de una declaración extra juicio que no dependía económicamente de su progenitora, renunciando a cualquier reclamación tendiente a obtener la pensión de sobrevivientes que dejó causada su madre. (…) Por lo expuesto, refulge palmar la prosperidad de los condignos intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como a bien lo tuvo disponer el juzgador de instancia. Ahora, en el caso objeto de estudio, considera la Sala que, cuando la actora elevó la primera reclamación el 15 de octubre de 2021 y obtuvo respuesta negativa a través de la resolución XXX del 30 de noviembre de 2021, no luce irrazonable tal negativa, dado que, no se tenía certeza respecto de la calidad de beneficiaria de la joven EGG, quien en el evento de haber entrado a disputar el derecho, desplazaba a su abuela en el orden de prelación de los beneficiarios de la prestación; sin embargo, nótese que, al interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución XXX del 30 de noviembre de 2021, verificado el 14 de diciembre de 2021, se aportó la declaración extra juicio de la señorita EGG realizada ante la Notaría Quinta de Medellín el 04 de diciembre de 2021, en la que, da cuenta de que no dependía económicamente de su progenitora. Por lo tanto, teniendo en cuenta que para el 14 de diciembre de 2021 ya se tenía certeza de que la señorita EGG no dependía económicamente de su progenitora ni tampoco era de su interés disputar la prestación económica que dejó causada su madre, el derecho a la sustitución pensional se debió reconocer dentro del término señalado en el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, dos meses como periodo de gracia, contados a partir de radicada la solicitud, disposición legal que debe aplicarse por ser norma especial y posterior, frente a la cual serán insubsistentes los preceptos normativos anteriores y que le sean incompatibles, en términos de los artículos 1 a 3 de la Ley 153 de 1887, aún vigente; en el sub iudice, debe entenderse que la solicitud de la pensión se presentó el 14 de diciembre de 2021, por lo que la entidad tenía hasta el 14 de febrero de 2022 para reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en debida forma, pero como ello no se verificó, hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios desde el 15 de febrero de 2022 y hasta que se verifique el pago de la obligación, debiéndose modificar la decisión del juez primigenio.
MP: VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
FECHA: 30/07/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA
Descargar