TEMA: ACCION DE TUTELA. Procedibilidad frente a temas Pensionales. La acción de tutela procede de forma transitoria, cuando a pesar de existir recursos jurídicos ordinarios, resulta como única vía para evitar que la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales, conlleve a un perjuicio irremediable. (sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015, T-317 de 2015 T-036 de 2017.) Debe precisarse en igual sentido que la vía ordinaria en este caso no es la idónea para que pueda reclamar la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, debido a que la demora a la que se vería expuesto el accionante en caso de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, podría hacer más gravosa su situación debido a la aparente amenaza que se cierne sobre sus derechos fundamentales. El debido proceso administrativo se configura como una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada por la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes y después de adoptar una determinada decisión. En materia de pensiones conforme lo dispone la ley y concretamente la 797 de 2003 se ha establecido que cuando se comprueba el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con documentación falta puede el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular, constituyéndose de esta forma en una de las excepciones de que trata el artículo 97 del CPACA. No obstante, lo anterior debe advertirse que, si la situación no encaja o se enmarca dentro de la excepción anterior como se ampliara más adelante, obligatoriamente la administración y en este caso las AFP no podrán revocar el acto administrativo que reconoce la pensión sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular, al punto que si el mismo niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (de lesividad) para demandar ante un juez administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden solicitar medidas cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que consideren ilegal, tal y como lo ha indicado la Corte Constitucional en sentencia SU 182 de 2019.
PONENTE: DR. HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ
FECHA: 06/09/21
TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA TUTELA
