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1. ANTECEDENTES:

El paso del sistema colonial al republicano significó, de un lado, la ruptura con el régimen español del que nació una nueva forma de Estado, y de otro, una transición en la que, a partir de una nueva fundamentación teórica, el pasado fue adaptado para que fueran sentadas las bases del sistema republicano.(1)

En el marco de la República de la Nueva Granada surgió una organización judicial independiente desde sus mínimas hasta sus máximas instituciones de la antigua conformación colonial. Con el surgimiento de la República, la administración de Justicia fue concebida como un sistema de cuatro tribunales de apelaciones en distritos judiciales, convergentes hacia la autoridad de la Corte Suprema de Justicia. La provincia de Antioquia quedó inscrita en una jurisdicción más amplia interprovincial que se asignó al Tribunal de Cundinamarca.

En la jerarquía de la administración de justicia a nivel de provincias, el Tribunal Superior fue el organismo de mayor rango, según la calidad de sus responsabilidades y los funcionarios que las ejercieron: sus magistrados. Su historia tuvo dos épocas: un breve lapso durante la independencia y su larga trayectoria desde 1836 en adelante.

La supeditación de la justicia regional al Distrito Judicial de Cundinamarca no dejó de tener dificultades propias de la distancia con Bogotá y el trámite dispendioso.

Un breve aparte de la memoria que presentó al Congreso el Secretario de Estado del Despacho del Interior y Relaciones Exteriores, Lino de Pombo, señala el hecho y la alternativa de inmediatos fraccionamientos para crear nuevos distritos:

«La convención constituyente por su decreto del 23 de marzo de 1832 dividió el territorio de la nueva granada en cuatro distritos judiciales, estableciendo en cada uno de ellos un tribunal de apelación; estos cuatro tribunales parecen insuficientes para dar evasión expeditiva a los negocios que tienen a su cargo».

«La Cámara Provincial de Antioquia solicita la creación de otro para aquella provincia; y el Ejecutivo cree que debería accederse a su solicitud, apoyada principalmente en el inconveniente de los retardos que, por lo largo de las distancias, sufren ahora los asuntos judiciales que despacha el Tribunal de Cundinamarca.»

La convención constituyente fue prudente y no dispuso que en cada provincia existiera un Tribunal, no sólo por la precariedad de las condiciones humanas y materiales, sino porque desconfiaba de la capacidad de las provincias para erigirlos de forma adecuada. En Antioquia esta duda quedó pronto disipada, puesto que hubo que crear un distrito judicial y su Tribunal Superior, mediante disposición del Congreso del 21 de abril de 1834:

El retraso de la justicia por las largas distancias no fue lo único que generó la creación del Tribunal: El decreto señaló la «extensa población» de la provincia antioqueña y aunque esta causa era válida, el hecho es que fue una época en que empezaron a surgir tribunales en respuesta a las aspiraciones de las cámaras y los gobiernos provinciales y ocurrió un fraccionamiento político territorial respecto a las grandes jurisdicciones iniciales. Por tal motivo, el gobierno quiso construir una administración de justicia adecuada para una mejor acción del ejercicio de la función judicial.

Pero la nota característica del comienzo del Tribunal antioqueño fue la incertidumbre, puesto que su aprobación no implicó su inicio, a pesar de la voluntad política del gobierno central y regional que gestaron su creación. El nombramiento de los magistrados fue la primera dificultad: ¿Cuál debía ser el papel de la Cámara de Provincia, la Corte Suprema y el Ejecutivo en el procedimiento nominativo? El proceder de la Cámara en la elaboración de la lista de candidatos fue juzgado como inconstitucional por la Corte Suprema y quedó en el Congreso la resolución del problema. A este impase siguió otro: los que al fín fueron nombrados constitucionalmente no aceptaron el nombramiento. Los motivos no son conocidos, pero el hecho retrasó la inauguración hasta el 2 de Enero de 1836.(2)

 

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LOS PRIMEROS MAGISTRADOS
Conformado por una Sala Única que atendió los negocios civiles y Criminales, el Tribunal tuvo como primeros integrantes a Estanislao Gómez Barrientos,(3) Manuel Cañarete y José Antonio Plazas, acompañados del Secretario, Jesús María García.

Hacia 1885, el número de magistrados ascendió a cuatro(4) y para 1887, luego de la Constitución, el Tribunal se dividió en dos Salas: la civil y la criminal y aumenta gradualmente, el número de magistrados, que para 1891, alcanzó cuatro en cada sala.

Para 1936, la Corporación contaba ya con cinco magistrados en lo civil y seis en la Sala Penal, nombre que había adquirido la Criminal, recientemente.

En 1957, es creada la Sala Laboral en el Tribunal, con tres magistrados: Alberto Aguirre Ceballos, Carlos Arango Hoyos y Donato Duque Patiño, con quienes asciende a 20 el número de magistrados: ocho en la civil y nueve en la Penal.

Las circunstancias políticas y la agudización de los conflictos laborales, generaron que hacia 1967 el Tribunal contara con 8 magistraturas en la Sala Civil, 14 en la Sala Penal y 8 en la Sala Laboral, para un total de 30 Magistrados.

La década de los ochenta se caracterizó por la agudización del conflicto armado y el narcotráfico en Colombia. El Tribunal de Medellín, se convirtió, después de la Corte Suprema de Justicia, en la entidad judicial más afectada en el país por estos hechos. En el Holocausto del Palacio de Justicia murieron dos de sus antiguos integrantes: Horacio Montoya Gil y Darío Velásquez Gaviria. Bajo el terror del narcotráfico perecieron asesinados entre 1985 y 1989, cuatro de sus integrantes de la Sala Penal: Álvaro Medina Ochoa, Gustavo Zuluaga Serna, José Héctor Jiménez Rodríguez y Mariela Espinosa Arango.

Entre 1980 y 2010, fueron asesinados los siguientes jueces y juezas pertenecientes al Distrito Judicial: Jairo Marín Jaramillo, Juez 14 Penal; Ana Cecilia Cartagena Hernández, Juez 50 de Instrucción Criminal; Francisco Bernardo Jaramillo Uribe, Juez 13 de Instrucción Criminal; María Elena Díaz Pérez, Juez 3 de Orden Público; Miriam Rocio Vélez Pérez, Jueces 6 de Orden Público y Diego Fernando Escobar Múnera, Juez 8 Penal del Circuito de Medellín.

Para 1990, se creó la Sala de Familia contemplada en el decreto 2272 de 1989, atendiendo el numeral 1 de la Ley 30 de 1987, con el objetivo de descongestionar la jurisdicción civil y lograr la unidad temática de los asuntos de familia en torno a una justicia operante, en una de las áreas más críticas de la problemática social.

Para el 2006, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 975 de 2005, se crearon en Bogotá y Barranquilla, las Salas Especializadas de Justicia y Paz; en el 2008, se desintegra la segunda de las Salas y se trasladan dos de sus magistrados para que ejerzan la función de control de garantías en este Distrito Judicial, posteriormente se integra, de modo completo, la Sala de Justicia y Paz de este Tribunal, discurre el año 2011.

A la entrada en vigencia del Código de Infancia y Adolescencia, se creó en este Tribunal la Sala de Infancia y Adolescencia, conformada, transitoriamente, por Magistrados de la Sala Penal y la Sala de Familia.

El Tribunal se ha caracterizado por sus aportes jurídicos y la calidad de sus integrantes, entre quienes se destacan: Pedro Justo Berrio, Presidente del Estado Soberano de Antioquia; los escritores, Gregorio Gutiérrez González, Francisco de Paula Muñoz, Ricardo Uribe Escobar y Juan José Molina; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Julián Cock Bayer, Rafael Navarro y Eusse, Dionisio Arango Mejía, Angel Martín Vásquez, José Fernando Ramírez Gómez, Jorge Anibal Gómez Gallego, Jorge Iván Palacio Palacio, Guillermo Duque Ruíz, Gustavo Gómez Velásquez, Luis Javier Osorio López, Sigifredo Espinosa Pérez y Javier Zapata Ortiz. Del Consejo Superior de la Judicatura: Lucía Arbeláez de Tobón y Gloria Stella López Jaramillo.

Actualmente cuenta con 55 magistraturas.

 

Sede Tribunal Tiny  

 

2. COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA:

El Distrito Judicial de Medellín comprende 13 de los 125 municipios del departamento de Antioquia: Los 10 del Valle de Aburrá (Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta), más los municipios de Angelópolis, Armenia y Heliconia.

La población de los 13 municipios que comprende el Distrito Judicial de Medellín asciende a 3.335.381 habitantes.

(1) En Historia de las instituciones Judiciales en Antioquia durante el siglo XIX”. Rodrigo Campuzano Cuartas. Investigación auspiciada por Conciencias y la Universidad Nacional, Sede Medellín, 1999.

(2) Ibid.

(3) Estanislao Gómez Barrientos, Primer Presidente del Tribunal.

(4) Crónica Judicial.